Por Daniel Martínez Sáez
Este 31 de mayo se cumplen 27 años de la constitución de las primeras Cortes de Castilla-La Mancha. Ese fue el día elegido, de forma muy afortunada, para conmemorar cada año el nacimiento de un nuevo ente político y territorial que por los comienzos de la década de los ochenta daba sus primeros pasos. Establecer la referencia conmemorativa coincidiendo con la constitución del primer Parlamento regional resulta especialmente simbólico y significativo, se estaba pensando en el órgano que representa directamente la soberanía popular; se estaba pensando en el pueblo.
Estas casi tres décadas de recorrido han sido positivas en su conjunto, pero este año, más que mirar por el retrovisor, toca reflexionar y analizar el presente y el futuro. La realidad actual muestra una Región que no esta para celebraciones y que pasa por unos momentos muy difíciles a causa de los efectos de una triple crisis política, económica e institucional. La acción política viene marcada por una tenaza bipartidista -sin parangón en ninguna otra comunidad
autónoma- que ha convivido plácidamente con la apuesta de un modelo de desarrollo basado en el ladrillo y en una buena dosis de especulación urbanística, lo que finalmente ha provocado que hoy, la crisis golpee de forma muy dura, que aún no se vea la luz al final del túnel y menos aún un modelo alternativo de desarrollo. La economía real se hunde sin que el Gobierno sepa dar alternativas.
Las grandes decisiones estratégicas y de futuro de Castilla-La Mancha están supeditadas a la mirada electoralista del bipartito, de tal forma que hasta el nuevo estatuto ha sido víctima de cálculos electorales. El momento viene marcado, igualmente, por el intenso desgaste y desprestigio que ha causado la apuesta de determinados dirigentes regionales, consistente en utilizar las sucesivas mayorías absolutas, el Gobierno y las instituciones, de forma clientelista y torticera, provocando la desaparición de la Caja de Ahorros (CCM), la formación de un verdadero gobierno paralelo con más de noventa entes dependientes del presupuesto regional que han acumulado una deuda de más de mil millones de euros, realizando nombramientos al frente de importantes instituciones regionales en base, exclusivamente, al favoritismo político, llevando a cabo modificaciones legislativas expresas para recoger intereses concretos y, finalmente, manteniendo las Cortes regionales menos democráticas de toda España, donde solo cabe el bipartidismo y no todos los votos de los ciudadanos valen lo mismo. ¿Puede haber mayor desigualdad, discriminación e injusticia que marcar unas normas de juego donde mi voto no valga lo mismo que el de mi vecino?
Con un Parlamento regional forzado por el sistema electoral al blanco y negro, Castilla-La Mancha se queda sin la aportación vital de la pluralidad política y sin la riqueza social existente en una Comunidad que, precisamente, destaca por la diversidad de sus gentes, pueblos y colectivos.
Castilla-La Mancha necesita nuevos impulsos que pasan inexorablemente por afrontar una regeneración institucional y política a través de la constitución de una Cortes que supongan eliminar el déficit democrático actual y sean elegidas con criterios de igualdad, justicia electoral y pluralismo político.
Izquierda Unida no asistirá a los actos oficiales; participaremos en una jornada reivindicativa, durante todo el día, en La Vega de Toledo y plantearemos el Día de Castilla-La Mancha como una jornada reivindicativa donde apostamos por más democracia contra la crisis y donde queremos trasladar nuestro malestar, descontento y desconfianza ante los que hoy manejan una Región desconocida en muchos aspectos, en plena crisis y sin rumbo.
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