El diputado y portavoz económico de IU en el Congreso sale así al paso de las medidas que el Gobierno ha publicado en el BOE esta semana con las que, al margen de haber reducido la financiación científica, “retrasa los pagos desde los 3 a los 4 años de los más de 3.200 proyectos aprobados en la convocatoria de 2012 y deja en un 7% lo que se abona en la primera anualidad en lugar del 40% que se pagaba antes”
El diputado de Izquierda Unida y portavoz económico en el Congreso, Alberto Garzón, ha reclamado la “dimisión inmediata” de la secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, por “cambiar las reglas de juego sin previo aviso de la financiación de la investigación en nuestro país y por mentir descaradamente durante la tramitación presupuestaria, con lo que lleva a los nuestros investigadores y a los proyectos ya en marcha o que se están preparando al borde del más absoluto fracaso para los próximos años”.
Garzón sale así al paso de la decisión tomada por el Gobierno de Mariano Rajoy y publicada por sorpresa en el BOE del pasado jueves de “no sólo reducir drásticamente la financiación para proyectos científicos en España sino retrasar los pagos de los más de 3.200 proyectos aprobados en la convocatoria 2012 del Plan Nacional”.
El parlamentario de IU denuncia que “el Ejecutivo del PP consuma con total oscurantismo y tratando de que pase desapercibido uno de los mayores ataques que el sistema español de ciencia y técnica ha sufrido en décadas. Si ya había reducido en 2012 un 20% los fondos asignados al Plan Nacional (de 384 a 309 millones de euros) ahora se saca de la manga que la gran mayoría de los 3.282 proyectos aprobados recibirán estos fondos no en 3 sino en 4 años. Además, la primera anualidad de los proyectos de investigación se sitúa en el 7% en lugar del 40% de convocatorias anteriores”.
Alberto Garzón advierte de que “se vulneran así los términos de la convocatoria oficial (31 de diciembre de 2011) y quedan en papel mojado las explicaciones que la secretaria Carmen Vela ha venido dando falsamente en los últimos meses”.
Izquierda Unida constata que sólo en los proyectos cofinanciados con fondos FEDER u otros programas internacionales se van respetan las tres anualidades especificadas en la convocatoria.
El Plan Nacional de I+D+i es el elemento principal para financiar la investigación pública en nuestro país y resulta fundamental para la actividad científica. El presupuesto del Fondo Nacional de I+D financia los proyectos del Plan Nacional, las becas-contrato de Formación de Personal Investigador (FPI), así como los contratos Ramón y Cajal y Juan de la Cierva. Su capítulo de transferencias de capital ha caído más del 32% desde 2011 (de 587 a 337 millones de euros).
El BOE ha establecido ahora el calendario de liberación de los fondos de los proyectos de investigación fundamental no orientada y asigna como anualidad para 2013 un 7% del presupuesto, en lugar del 40% que se ingresaba hasta ahora como primera cuota.
Garzón señala que “el efecto es devastador para la inmensa mayoría de los grupos de investigación y también para sus centros, OPIs y universidades, que detraen un porcentaje de los mismos para contribuir al mantenimiento de los organismos, instalaciones e instrumentación. De hecho, había una razón lógica y práctica para que la primera anualidad fuera la mayor, ya que en ella se producen normalmente las compras de los equipos solicitados para llevar adelante los proyectos”.
Desde Izquierda Unida se ha entendido siempre que la fórmula 40%-40%-20% era la más adecuada para llevar a cabo esta financiación en tres años, aunque en ocasiones la anualidad inicial era incluso mayor. “Si se ingresa ahora ese ridículo 7% inicial asignado a la gran mayoría de los proyectos aprobados –indica Alberto Garzón-, no habrá compras y todo el proyecto se dilatará, poniendo el peligro la subsistencia de los grupos de investigación y su continuidad”.
Una práctica habitual hasta ahora era que las instituciones, una vez que se aprobaban oficialmente las subvenciones de los proyectos, adelantaban parte del dinero a los científicos cuando lo necesitan. Con solo un 7% del total de financiación para empezar, esos adelantos serían imprescindibles por parte de las universidades o del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Sin embargo, portavoces del CSIC, por ejemplo, ya han especificado que no están en absoluto en condiciones de adelantar ese dinero previo necesario para montar nuevos proyectos. De hecho, según distintos medios, ponen de relieve que, aunque en el plan de austeridad del Consejo se prevé un ahorro de cerca de 50 millones de euros, el CSIC necesita 100 para poder desarrollar su actividad y advierten también de las negativas consecuencias de lo aprobado ahora en el BOE. Lo mismo pasa con las universidades y el resto de instituciones, ahogadas económicamente.
Alberto Garzón adelanta que, además de exigir la rápida dimisión de la secretaria de Estado “por estas razones obvias”, desde IU “vamos a estudiar y registrar una batería de iniciativas parlamentarias para que se dé un vuelco a esta situación. Sabemos las dificultades concretas existentes, a las que debemos añadir alguna ideológica como que el PP y su Gobierno dan prioridad al rescate del sistema financiero frente a la inversión científica, para la que les tiene sin cuidado los obstáculos existentes”.
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