Durante años, varias integrantes del equipo de Servicios Sociales, cobraban según la subvención que llegaba de la Junta de Comunidades y no según el convenio colectivo del Ayuntamiento, que es lo que legalmente se establece, extremo además que viene ratificado por varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En Servicios Sociales ya hay trabajadoras que denunciaron ante los juzgados esta situación provocada por el Partido Popular y, como no podía ser de otra forma, ganaron el procedimiento y hubo que indemnizarles con el salario dejado de percibir durante esos años así como, las retenciones a la seguridad social que no se pagaron y, por supuesto, las costas del procedimiento. Todo ello, ha provocado que aunque el PP quisiera reducir el gasto a corto plazo (mermando derechos de las trabajadoras), a largo plazo nos salga aún más caro.
Desde que Ibáñez es concejal de Servicios Sociales, se ha regularizado las condiciones laborales de la última trabajadora que se encontraba en esta situación , sin tener que terminar el procedimiento judicial, lo cual ha ahorrado dinero al ayuntamiento (en torno al 10%) y, lo que es más importante, se ha dejado de vulnerar derechos de la trabajadora la cual, venía percibiendo alrededor de 1.000 euros menos por mes, durante tres años que está en plantilla municipal.
Mantener esta situación todo este tiempo es una autentica barbaridad, entre tantas a las que el PP nos tenía acostumbrados, pero es que es más, hay otra de las trabajadoras que teniendo ya la sentencia a su favor, tuvo que ejecutar la misma porque el Partido Popular no le ha abonado cantidad alguna, algo que también repercutirá negativamente en las arcas municipales
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