El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Almansa, Cristian Ibañez, junto a Pepe Albertos, ha pedido hoy en rueda de prensa que la diputada regional y concejala del Partido Popular Tania Andicoberry “dé un paso atrás” mientras se resuelve el procedimiento penal abierto contra ella por la gestión de una herencia millonaria legada a la Diputación de Albacete. La causa se encuentra en fase de apertura de juicio oral, con solicitud de penas de prisión, fianzas millonarias e inhabilitación para cargo público.
En concreto, a Andicoberry el magistrado le imputa un presunto delito de estafa, otro de falsedad documental y un delito de prevaricación administrativa simple.
“No puede ser que el PP exija elecciones generales cuando no hay procesos judiciales contra ningún miembro del Gobierno de España y, al mismo tiempo, mantenga a cargos propios inmersos en procedimientos tan avanzados”, ha denunciado Ibañez.
Izquierda Unida considera que la permanencia de Andicoberry en sus puestos institucionales “refuerza la imagen de hipocresía” de un Partido Popular que, “utiliza dos raseros distintos según le convenga”. El edil recordó que la propia diputada ha renunciado a su aforamiento, un gesto que valoró “positivamente porque facilitará la labor de la justicia”.
Purificación Urrea legó sus bienes a la Diputación de Albacete con la condición de que se construyera un hospital infantil para niños sin recursos. Esa voluntad nunca se cumplió. En 2011 la Audiencia Provincial anuló la condición de heredera de la Diputación por incumplimiento del testamento. En 2023 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla‑La Mancha condenó a la institución provincial a devolver los bienes y abonar 14,5 millones de euros entre principal e intereses a los herederos/as.
Bajo la presidencia de Francisco Núñez, la Diputación —a través del Instituto Técnico Agronómico Provincial (ITAP)— licitó el arrendamiento de una finca cuya titularidad ya estaba en disputa. Tania Andicoberry y Constantino Berruga, designados por Núñez, certificaron que la finca pertenecía al ITAP pese a las resoluciones judiciales adversas. “Quienes ejecutaron aquella decisión se sientan ahora en el banquillo, pero la responsabilidad política alcanza a quien la diseñó”
Por ello, Ibañez ha extendido la petición de responsabilidad al presidente regional del PP, Francisco Núñez, quien era presidente de la Diputación cuando se tomó la decisión “de licitar y conceder a una empresa privada” los bienes recibidos en herencia, pese a que el testamento exigía destinarlos al bienestar de menores sin recursos.
“Núñez diseñó y avaló la operación, situó a las personas que firmaron los informes y decidió seguir adelante incluso cuando una sentencia ya advertía de que la Diputación había incumplido las obligaciones del legado”, subrayó.
Según la cronología expuesta por IU, los herederos demandaron a la institución provincial y la justicia les ha ido dando la razón de forma progresiva: primero reconociéndolos como legítimos beneficiarios y, después, restituyéndoles varias propiedades. La acusación pública sostiene que la Diputación, bajo mandato popular, persiguió la “rentabilidad privada” por encima del objeto social marcado por la testadora.
Izquierda Unida insiste en que no reclama “nada radical”, sino la retirada temporal de los responsables populares hasta que exista sentencia firme. “Si al final resultan inocentes, podrán regresar a la política con total legitimidad; si son culpables, afrontarán las consecuencias judiciales”, concluyó Ibañez, quien reiteró la necesidad de “abandonar la doble vara de medir” en la vida pública.
"Defendemos la presunción de inocencia y el normal desarrollo de los procesos judiciales, como no puede ser de otra manera; sin embargo, consideramos que la situación requiere transparencia pública y una reacción política inmediata"- Ha concluido Ibañez.
No hay comentarios:
Publicar un comentario