Izquierda Unida, a través de su Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA, ha iniciado las conversaciones con otros grupos parlamentarios para tratar de llegar a un acuerdo para presentar conjuntamente el recurso de inconstitucionalidad a la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
Izquierda Unida, a través de su Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA, ha iniciado las conversaciones con otros grupos parlamentarios para tratar de llegar a un acuerdo para presentar conjuntamente el recurso de inconstitucionalidad a la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
Estos contactos, de los que se encargarán el portavoz del grupo parlamentario y la diputada responsable de Educación, José Luis Centella y Caridad García Álvarez, respectivamente, se enmarcan en un doble compromiso. En primer lugar, el de entablar este diálogo finalista entre los grupos que firmaron el ‘Compromiso para derogar la LOMCE’ cuando haya una mayoría parlamentaria suficiente.
Por otro lado, IU también adelantó esta decisión en la reunión que mantuvo en el Congreso el pasado 25 de noviembre con diversas organizaciones sociales y sindicales preocupadas por el desarrollo e implantación de la LOMCE.
García Álvarez asegura que “desde Izquierda Unida damos así un paso más para dar respuesta a la contestación que la ‘Ley Wert’ sigue teniendo en la calle por parte de todos los ámbitos educativos y en las organizaciones sociales de cara a su implantación tras su aprobación parlamentaria”.
La diputada de Izquierda Unida destaca “las graves dudas que nos siguen suscitando las maneras con las que el Gobierno del PP, con su ministro de Educación a la cabeza, tiene planeado tratar de aplicar esta reaccionaria norma que vamos a intentar frenar por todos los medios democráticos a nuestro alcance”.
“A estas alturas –detalla- sigue habiendo una más que preocupante falta de garantías presupuestarias para la implantación de la LOMCE. El ministro Wert está empeñado a hacerlo obviando cómo van a afectar los brutales recortes presupuestarios aprobados tanto por su Gobierno como por los de determinadas comunidades autónomas”.
Caridad García expone también “el grave problema añadido que causará a las familias ya golpeadas por los sucesivos recortes del PP el tener que buscar más dinero para hacer frente a la adquisición de nuevo material escolar, empezando por los libros de texto que cambian de contenido debido a la modificación de los programas. Todo esto se hace, además, mientras se mantienen o incrementan las subvenciones a centros que discriminan y sigue en marcha el plan orquestado por los ‘populares’ a nivel estatal para desmantelar la Escuela Pública”.
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