miércoles, 15 de noviembre de 2017

RUEDA DE PRENSA | El Gobierno de España nunca tuvo información sobre Giba [Vídeo]

Tras la pregunta de Izquierda Unida al Gobierno de España a través de su Diputado, Ricardo Sixto, la breve respuesta deja claro que la administración central nunca tuvo información alguna sobre el proyecto de Giba en Almansa. Para Cristian Ibáñez, Concejal Portavoz de Izquierda Unida - Los Verdes, se demuestra así que «Giba nunca fue un proyecto real» y sostiene que «todo fue un acto de campaña puro y duro». «¿Alguien se cree que un proyecto de 3.000 puestos de trabajo y 160 millones de inversión no pide nada al gobierno y éste no tiene información alguna?» -se preguntaba el edil. Desde IU-LV afirman que con esta respuesta en el Partido Popular «han dejado solo a Núñez ante esta estafa electoral» y defienden que «parece ser que todo fue obra exclusivamente de Francisco Núñez». Ibáñez cargaba contra el Alcalde de Almansa, que ha declarado unos ingresos de 85.000€, acusándole de «venir a la política para enriquecerse» y «haber llegado a cobrar esto con mentiras, engaños y estafas electorales».

Además, Cristian Ibáñez anunciaba que, tras haber destapado facturas por valor de 2.636'26€ de dinero público para gastos relacionados con Giba, y haber solicitado toda la información disponible sobre estos y otros posibles gastos al Ayuntamiento de Almansa, no han recibido respuesta. Ante esto, Izquierda Unida - Los Verdes ha presentado de nuevo un contencioso-administrativo por vulneración de derechos fundamentales en la falta de acceso a la información de los concejales de la oposición.


El Concejal Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida - Los Verdes sentenció que Francisco Núñez, «vino a la política a ganar dinero» y «no es Alcalde de Almansa por amor a la ciudad ni está de Diputado en la Cortes por amor a la región». Así lo cree ante la declaración de bienes publicada en la web de las Cortes de Castilla-La Mancha, donde se refleja un ingreso de 85.000€ durante el último ejercicio. 55.000€ corresponden a la liberación en régimen de exclusividad en el Ayuntamiento de Almansa, mientras que los 30.000€ restantes los recibe de las Cortes por conceptos como las asistencias a plenos, transportes, dietas, etcétera. Ibáñez argumenta que Núñez «hace gran parte de su jornada en Toledo» y por ello no debería estar liberado en jornada completa con exclusividad en Almansa. Además, le acusa de «haber llegado a cobrar esto con mentiras, engaños y estafas electorales». 

En otro capítulo más sobre la «estafa electoral» de Giba, IU-LV daba a conocer la respuesta recibida por el Diputado Ricardo Sixto, que preguntaba al Gobierno de España sobre cualquier información sobre Giba. Esta respuesta, de apenas tres líneas, era tildada por Ibáñez de «ridícula» ante la importancia de lo preguntado. Aún así, la formación de izquierdas sostiene que la respuesta «es la prueba definitiva de que IU lleva razón desde el primer día: Giba nunca fue un proyecto real». «Fue obra, parece ser, exclusivamente de Francisco Núñez». Exponía Ibáñez que «se deja claro que el Gobierno no tenía ni idea del proyecto Giba, ni tampoco el Ministerio de Industria». 

Así, para Cristian Ibáñez resulta evidente que «Cuando Soria, entonces Ministro de Industria, y Cospedal, entonces Presidenta dela JCCM, vienen a hacer ese acto de presentación de Giba fue un acto de campaña puro y duro porque el Ministerio no tenía solicitud ni información alguna». «¿Alguien se cree que un proyecto de 3.000 puestos de trabajo y 160 millones no pide nada al Gobierno y el Gobierno no tiene información?», se preguntaba el edil, que considera que el Partido Popular, con esta respuesta «dejan solo a Núñez ante esta estafa electoral».

Por otra parte, tras destapar tres facturas por valor de 2.636'26€ relacionadas con Giba, Izquierda Unida - Los Verdes registró en varias ocasiones peticiones de información al Ayuntamiento de Almansa, dirigidas a Francisco Núñez como Alcalde, para reunir todos los gastos al respecto, pero no se ha recibido respuesta alguna. Por ello, la formación  acude de nuevo al contencioso-administrativo por una vulneración de los derechos fundamentales y la Constitución Española, pues los concejales de la oposición no tienen acceso a la información que solicitan.




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