Laura Fernández y Cristian Ibáñez, concejales de Izquierda Unida - Los Verdes, comparecían el lunes para explicar que el Decreto de la Fiscalía «admite irregularidades administrativas» en la gestión del Concejal de Bienestar Social, José Antonio Gil, pero «no son constitutivas de delito» porque «pagó finalmente las facturas de su bolsillo», unas facturas que se encontraban paralizadas por la Intervención del Ayuntamiento de Almansa. Fernández remarcaba que «esto no es ninguna sentencia de ningún tribunal, es un documento de la Fiscalía tras poner estos hechos en su conocimiento».
Ibáñez aseguró que «el concejal habló en rueda de prensa sin leer los papeles, nos acusó de haber mentido y acusarle de hechos falsos». Sin embargo -continuaba- el Fiscal reconoce «que son hechos verídicos», pero recuerda que «no toda irregularidad administrativa es delito penal», como es este caso. El edil leía textualmente del Decreto del Fiscal que «los productos adquiridos en el supermercado se dedicaron a la elaboración de meriendas para los niños que participaban en la actividad desarrollada en un barrio humilde, y su importe, 341'27€, que efectivamente no fue satisfecho por el Ayuntamiento al no existir tramitado expediente que lo justificara, lo abonó de su peculio personal el concejal Gil Cuenca». Este fue el hecho que ha permitido que esta irregularidad administrativa no se convierta en un delito, como habría sido si el Ayuntamiento de Almansa hubiese pagado esas facturas. Para IU-LV «ha hecho lo que le pedíamos desde el principio, pagar las facturas de su bolsillo» y sentencian que «si todo hubiese estado tan bien hecho como dice, no habría pagado las facturas él mismo una vez paralizadas por Intervención».
Ibáñez aseguró que «el concejal habló en rueda de prensa sin leer los papeles, nos acusó de haber mentido y acusarle de hechos falsos». Sin embargo -continuaba- el Fiscal reconoce «que son hechos verídicos», pero recuerda que «no toda irregularidad administrativa es delito penal», como es este caso. El edil leía textualmente del Decreto del Fiscal que «los productos adquiridos en el supermercado se dedicaron a la elaboración de meriendas para los niños que participaban en la actividad desarrollada en un barrio humilde, y su importe, 341'27€, que efectivamente no fue satisfecho por el Ayuntamiento al no existir tramitado expediente que lo justificara, lo abonó de su peculio personal el concejal Gil Cuenca». Este fue el hecho que ha permitido que esta irregularidad administrativa no se convierta en un delito, como habría sido si el Ayuntamiento de Almansa hubiese pagado esas facturas. Para IU-LV «ha hecho lo que le pedíamos desde el principio, pagar las facturas de su bolsillo» y sentencian que «si todo hubiese estado tan bien hecho como dice, no habría pagado las facturas él mismo una vez paralizadas por Intervención».
Por otra parte, consideran los ediles que en las testificaciones del Concejal de Bienestar Social «hay algunas falsas». Se refieren, por ejemplo, a la justificación del pago de combustible en las facturas del servicio del Centro Social de San Roque, de las que Gil aseguraba que se correspondían al desplazamiento de los usuarios al campo o a realizar actividades en los vehículos de los monitores. Ibáñez señala que tras hablar con usuarios y monitores le certifican que no se han producido tales desplazamientos, y, además, añade que si así se hubiese producido esto sería una ilegalidad, pues ningún monitor puede desplazar a un usuario -mucho menos a un menor- en su propio vehículo.
Desde Izquierda Unida - Los Verdes se muestran satisfechos porque «presionando hemos conseguido que pague las facturas de su bolsillo, tal como le pedíamos desde el principio», pero lamentan que «el concejal no haya tenido la moralidad suficiente como para pagarlo en su momento como le pedíamos». Sentencian que «no vamos a permitir que hagan con el dinero público lo que les venga en gana» y esperan que este decreto «haya servido para parar los pies al concejal».
Laura Fernández, Concejala Viceportavoz de Izquierda Unida - Los Verdes comenzaba señalando que el documento recibido de la Fiscalía «no es una sentencia, no hay tribunal alguno», sino que simplemente es una resolución del Fiscal tras ponerle en conocimiento unos hechos. «Supimos que el concejal daba de merendar sin informes comprando a su nombre o de su hijo y cargaba las facturas al Ayuntamiento», exponía, «descubrimos que no había convenio ni relación alguna, es como si yo fuese al templete y diese de merendar a quien quisiera cargando las facturas al Ayuntamiento».
Además de lo anterior, continuaba Fernández recordando que «las facturas estaban paralizadas por Intervención». Y añadía que el Concejal de Bienestar Social «usa su teléfono de concejal, que todos pagamos, para la asociación». Por otra parte, también se puso en conocimiento de la Fiscalía que se pagaron facturas de internet, teléfono y televisión del domicilio del concejal, que coincide con el domicilio social de la asociación Más que una ilusión mediante una subvención. «Todos sabemos que podemos contratar servicios separados de TV Almansa, sólo internet si se quiere, pero la asociación le paga el pack completo». Igualmente, la edil destaca el hecho de que «el domicilio de la asociación es su casa, el internet es el suyo y el teléfono es el suyo, pero dice que no tiene relación como directiva de la asociación».
Para Izquierda Unida - Los Verdes, del Decreto de la Fiscalía se desprende «que acepta los hechos, que están probados pero no son constitutivos de delito». «Nuestro fallo fue no esperar a que la factura se pagase, y deberíamos haber pagado una querella, pero no disponemos de fondos para pagar la fianza previa». Los ediles de que IU-LV quieren aclarar tras la comparecencia de Gil que «la Fiscalía no dice en ningún momento que los hechos no sean ciertos, los admite y admite que hay irregularidades administrativas, pero no son delictivas», y no lo son ante el pago de las facturas por parte del Concejal de Bienestar Social.
Sobre las irregularidades administrativas admitidas, Laura Fernández explicaba que una de ellas se encuentra en el contrato menor del servicio del Centro Social de San Roque, concedido «a dedo» al tratarse de un contrato de igual o menor importe de 18.000€, que después fue ampliado con más de 3.000€ extras,convirtiéndose en un contrato mayor y por tanto que debería haberse concedido por concurso.
Sobre las irregularidades administrativas admitidas, Laura Fernández explicaba que una de ellas se encuentra en el contrato menor del servicio del Centro Social de San Roque, concedido «a dedo» al tratarse de un contrato de igual o menor importe de 18.000€, que después fue ampliado con más de 3.000€ extras,convirtiéndose en un contrato mayor y por tanto que debería haberse concedido por concurso.
De todos estos hechos, decía Fernández, «avisamos antes de informar a Fiscalía», y finalmente «lo que ha hecho el concejal es pagar la factura de su bolsillo». «Si fuese legal y todo estuviese tan bien hecho se habrían pagado por el Ayuntamiento y no se habrían paralizado por Intervención».
La concejala aclaraba también que «esto no viene de Cristian Ibáñez como quieren hacer ver, viene de Izquierda Unida - Los Verdes». «Informamos de estos hechos a la Fiscalía y no tenemos rencilla alguna con este señor. Lo que nos propusimos es desenmascarar al Partido Popular y su mala gestión».
Cristian Ibáñez, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida - Los Verdes, aseguraba por su parte que «el concejal habló sin leer los papeles. Nos acusó de haber mentido y acusarle de hechos falsos». E incide en que «son hechos verídicos y así lo reconoce el Fiscal». Se lee en el documento que «no toda irregularidad administrativa es un delito penal». Esto quiere decir, según Ibáñez, que estas irregularidades que se admiten no competen a la Fiscalía, sino al contencioso-administrativo.
En las investigaciones de la Fiscalía se requería testificar al Concejal de Bienestar Social, José Antonio Gil, y en estas testificaciones, dice Ibáñez, «hay algunas falsas». Se refiere, por ejemplo, a la justificación del pago de combustible en las facturas del servicio del Centro Social de San Roque, de las que Gil aseguraba que se correspondían al desplazamiento de los usuarios al campo o a realizar actividades en los vehículos de los monitores. Ibáñez señala que tras hablar con usuarios y monitores le certifican que no se han producido tales desplazamientos, y, además, añade que si así se hubiese producido esto sería una ilegalidad, pues ningún monitor puede desplazar a un usuario -mucho menos a un menor- en su propio vehículo. Otra de las falsedades se encuentra, para Cristian Ibáñez, en la afirmación de Gil de que la asociación paga sus facturas de televisón, teléfono e internet «porque va en un pack», mientras que sólo puede contratarse internet si se quiere y necesita con esta empresa.
Pero el quid de la cuestión se encuentra en el por qué no hay delito penal en estos hechos, y es que el Fiscal dice textualmente en su decreto que «los productos adquiridos en el supermercado se dedicaron a la elaboración de meriendas para los niños que participaban en la actividad desarrollada en un barrio humilde, y su importe, 341'27€, que efectivamente no fue satisfecho por el Ayuntamiento al no existir tramitado expediente que lo justificara, lo abonó de su peculio personal el concejal Gil Cuenca». Por tanto, continuaba Ibáñez- «esos hechos ocurrieron, no había expediente y tuvo que pagar de su bolsillo, como le pedíamos desde el primer momento y se negó diciendo que estaba conforme a procedimiento». «Anuló el servicio y después lo pago de su bolsillo, así consigue que no haya delito penal». «Nos alegramos de que así sea y no haya tenido que pagarlas el Ayuntamiento porque no le corresponden, pero lo que no nos alegra es que no tenga la moralidad suficiente como pagarlo en su momento». Destaca Cristian Ibáñez que «ha tenido que ser IU-LV presionando quien ha tenido que conseguir que lo pague de su bolsillo».
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