Esta mañana, nuestra compañera y portavoz de IU Almansa, Laura Fernandez Giner, presentaba ante los medios la moción presentada por su grupo que tiene el objetivo de hacer frente a esa exclusión financiera y digital en nuestra ciudad.
Casi 20 millones de españoles y españolas no poseen competencias digitales básicas, y el 8 % de la población española jamás se ha conectado a Internet. Estos son algunos datos que se extraen del Plan Nacional de Competencias Digitales, enmarcado dentro de 'España Digital 2025'. De manera más concreta, casi un 35 % de la población no sabe cómo comunicarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos al no tener los conocimientos necesarios, según los datos del INE del 2020.
Uno
de los factores que genera más desigualdad es la edad, donde el índice de
competencias digitales en el tramo de edad de entre 56 y 65 años es del solo un
8,52, reduciéndose al 5,62 en personas mayores de 65.
La
reciente campaña promovida por el jubilado de 78 años Carlos San Juan, que
reunió más de medio millón de firmas en apenas una semana, bajo el lema 'Soy
mayor, pero no idiota', ha servido para visibilizar un problema que se viene
acentuando en los últimos años, como es la llamada ‘exclusión financiera’, que
sufren en nuestro país millones de personas.
Esta problemática tiene dos
vertientes principales. La primera de ellas es el cierre de oficinas bancarias
y cajeros automáticos, especialmente acentuado en pequeños y medianos
municipios, dejando sin servicios financieros esenciales a la población.
La segunda vertiente de la
problemática es la drástica disminución de la atención presencial en las
entidades financieras que se traduce en que millones de personas usuarias,
especialmente las de mayor edad, encuentren serios problemas para poder acceder
a los servicios financieros básicos. Tal y como alertan los sindicatos, la
merma en la atención presencial tiene estrecha relación con los despidos y el
recorte de plantillas en el sector. Según datos del Banco de España, entre 2008
y 2019 se han destruido 94.000 empleos, un 35% del total de los trabajadores y
trabajadoras. Un fenómeno que amenaza con continuar e intensificarse tras la
pandemia.
Según
las distintas organizaciones de consumidores y consumidoras, la negativa de los
bancos a atender personalmente a clientes con dificultades para acceder a los
servicios en cajeros o por vía telemática supone una vulneración de la
legislación bancaria y del texto refundido de la Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios. Según señalan estas entidades, la retirada de
efectivo es una operatoria básica de la cuenta corriente, por lo que es
contrario a la legislación bancaria y de defensa de los consumidores y
consumidoras negarse a gestionarla cuando la persona usuaria no sabe o no puede
realizarla mediante el uso de cajeros automáticos.
A
su vez, es importante recordar que las principales entidades financieras que
operan en nuestro país han obtenido en los últimos ejercicios cuantiosos
beneficios que les permitirían garantizar que en sus oficinas se pueda prestar
una atención personalizada a aquellas personas que lo puedan necesitar.
La
progresiva disminución de personal para la prestación de servicios financieros
de forma presencial se ha traducido en un aumento del número de cajeros
automáticos y en la intensificación de su uso, generando un mayor impacto en la
utilización de la vía pública, debido a las colas que se forman para poder
realizar gestiones que antes se resolvían en el interior de las oficinas.
Los bancos han cerrado una de cada cinco sucursales
durante la pandemia. Solo en 2021 cerraron 3.288 sucursales bancarias, que se
suman a las 1.612 de 2020, según un informe del Banco de España (BdE). El
número de oficinas bancarias en España se situó en 19.015 al cierre de 2021, lo
que supone el cierre de 3.288 sucursales en un año (-14,7%) y de 4.900 en
comparación con finales de 2019 (-20,4%), antes de la irrupción de la pandemia
del coronavirus, según los últimos datos publicados por el Banco de España.
Todo
ello se ha visto reflejado en nuestra ciudad con el cierre de importantes oficinas
y, previsiblemente durante el año en curso, aún seamos testigos de algún cierre
más.
Por
todo lo expuesto planteamos al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: Que el
Ayuntamiento de Almansa implante un sistema que garantice a la ciudadanía el
poder realizar el pago de impuestos, tasas y precios públicos municipales, de
manera presencial y con asistencia personalizada.
SEGUNDO:
Que
en la firma de convenios de colaboración con entidades financieras, el
Ayuntamiento de Almansa priorice a aquellas entidades que garanticen atención
presencial y sin restricciones horarias para todo tipo de servicios
financieros, incluidos gestiones comunes como puede ser la retirada e ingreso
de dinero en metálico o la actualización de las libretas.
TERCERO:
Que,
ante el aumento del número de cajeros automáticos, como consecuencia de la
disminución de la atención presencial en el interior de las oficinas, se
estudie por parte del Ayuntamiento la modificación de la Ordenanza fiscal, para
incrementar la tasa por el aprovechamiento de terrenos de dominio público con
cajeros automáticos con acceso directo desde la vía pública.
CUARTO:
Instar
al Gobierno de España a desarrollar las acciones legislativas que sean
necesarias para suprimir el cobro de comisiones a las personas usuarias,
atendiendo especialmente a su situación económica y a su vulnerabilidad social;
así como para que se garantice una atención presencial y personal suficiente y
adecuada, atendiendo especialmente a los entornos rurales y a aquellas personas
que tienen dificultades para hacer frente a la brecha digital.
